Precio fijo a la nuclear y topes a la hidráulica para bajar la factura
¿Cómo es posible que las eléctricas hayan cobrado a precio de gas una energía como la hidráulica este mes si no tienen que pagar por el agua ni por derechos de emisiones de CO2? La respuesta está, como en casi todo lo que tiene que ver con la subida de precios de la luz, en las deficiencias del sistema eléctrico español. Las compañías que, como Iberdrola o Naturgy, tienen plantas en embalses, sabían que su producción sería necesaria para cubrir la demanda en agosto en plena escasez eólica, así que no dudaron en inflar los precios en las subastas hasta situarlos ligeramente por debajo del precio de la energía de plantas de ciclo combinado —necesitan gas y está por las nubes—. La ecuación es sencilla: bajos costes de producción y más altos precios se traducen en enormes beneficios, que admiten fuentes del sector. Todo ello a costa de secar algunos embalses gallegos como el de As Portas y Cenza.
No es la primera vez que las eléctricas actúan de este modo. En el año 2015, Competencia sancionó a Iberdrola con 25 millones por manipulación del mercado, tras cerciorarse de que había incrementado el precio de las ofertas hidráulicas del Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre del 2013, en plena refriega con el Gobierno, como ha vuelto a pasar este 2021 a costa del recorte de los llamados «beneficios del cielo», dinero extra que hasta ahora recibían las eléctricas por producir con hidráulica y nuclear como si tuvieran que pagar por derechos de CO2.
Para evitar que ese protagonismo se traduzca en facturas de la luz más caras, el socio de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, ha pedido por carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aparte a la hidráulica y la nuclear del mercado de subastas. ¿Cómo? Fijando un precio para la primera y estableciendo topes máximos para la segunda.
La medida, que tendría que estudiar Bruselas para asegurarse de que no distorsiona la competencia, supondría un recorte de entre 1.500 y 3.200 millones de beneficios para las compañías, según los cálculos de la formación morada, que cree que el ahorro se trasladaría finalmente a las familias, siempre que, como ha empezado a hacer Iberdrola con las contribuciones al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, no trasladen costes directos o indirectos de medidas gubernamentales a los contratos con clientes.
Así funcionaría
El Ministerio asegura que evaluará la «viabilidad [de la propuesta] con las máximas garantías». La medida permitiría a las comercializadoras adquirir energía nuclear a un precio fijo, como ya lo hacen en Francia. Con ese desacoplamiento, los consumidores no se verían obligados a pagar precios desorbitados fruto de trasladar los costes de producción de las energías más caras a los precios de las más baratas.
Para la energía hidroeléctrica se propone un máximo, de tal forma que si el precio de otras energías, como está ocurriendo con el gas, se dispara, no podrá encarecer de forma artificial el de energías más baratas como la hidráulica. Competencia se encargaría de fijar esos umbrales.
El PP propone bajar impuestos
Por su parte, el Partido Popular (PP) ha vuelto a insistir en la bajada de impuestos como solución a los elevados precios de la luz. Su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha afirmado que el abaratamiento de la factura eléctrica pasa por «sacar los costes no energéticos del recibo y bajar impuestos». Por eso la formación defiende que se destinen los 3.300 millones de euros de más que el Ejecutivo prevé recaudar en impuestos por el incremento el precio de la luz este año al contener la subida del recibo. «No se puede hacer caja a costa de que los trabajadores y clases medias no lleguen a fin de mes. Es posible reducir la factura de la luz sacando los costes no energéticos del recibo y bajando impuestos».
