Una asociación de consumidores, denuncia al Supremo ante la UE por actuar en contra del consumidor

Una asociación de consumidores ha denunciado ante la UE al Reino de España por la actuación del Tribunal Supremo que “contraviene de manera reiterada y sistemática la jurisprudencia comunitaria sobre la protección de los consumidores”. Esta asociación  cree que el alto tribunal dificulta y ralentiza las reclamaciones actuando, en la práctica, en favor de los bancos.

La actuación del Supremo ha colmado la paciencia de las asociaciones de defensa de los consumidores. En un prolijo y detallado informe, basado en una recopilación de sentencias del Supremo, la asociación presenta sus argumentos contra la Sala Primera del máximo tribunal español.

En el escrito se afirma que “el Tribunal Supremo español ha venido menoscabando el principio de transparencia y con ello los derechos de los consumidores españoles, en especial los usuarios de servicios financieros”.

En su argumentación recuerda los problemas que surgieron en España desde 2010 porque “las entidades financieras habían comercializado de manera masiva productos complejos a clientes minoristas y cláusulas poco transparentes en las hipotecas y contratos de préstamo”.

Describe cómo los consumidores “comenzaron un periplo para reclamar, primero ante las entidades, después ante el regulador (Banco de España) y, finalmente, ante la ausencia de resoluciones vinculantes del supervisor y la falta de mecanismos alternativos para la resolución del conflicto, frente a los tribunales”.

La asociación recuerda que el número de reclamaciones efectuadas por los consumidores a las entidades bancarias ha crecido exponencialmente. Por ello, dice, en mayo de 2017 el Gobierno español aprobó la creación de 54 juzgados especializados en cláusulas hipotecarias “que pretendían agilizar la resolución de estos conflictos. Sin embargo, el Gobierno no dotó de medios materiales y humanos a estos juzgados por lo que han resultado ser totalmente inoperantes”.

Y afirma que tras más de tres años desde su creación, “se han resuelto el 41,3% de los asuntos ingresados y quedan 255.247 sin resolver según las estadísticas de septiembre de 2020″. Consideran que esta situación “ha agravado la situación de los consumidores atrapados en estos juzgados”.

Asimismo, apunta que el origen de este problema fue “la errónea decisión del Tribunal Supremo” que “ha supuesto, tal y como se documenta en los mapas de jurisprudencia, la inseguridad jurídica y la angustia de miles y miles de familias españolas junto con la creación, nada menos, de esos juzgados especiales de cláusulas suelo ¡que, a día de hoy, aún dan fechas de juicio en primera instancia para 2024!”

Ante esta situación, en primer lugar, denuncian que el Supremo “no ha resuelto los asuntos respetando el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por lo que no ha ofrecido seguridad jurídica”. Esto ha supuesto numerosas discrepancias en las distintas sedes judiciales “lo que ha provocado que los jueces españoles se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019”.

El TJUE ha corregido “en numerosas ocasiones el criterio del Supremo, lo que ha ocasionado que muchos consumidores que recibieron una sentencia desestimatoria firme, en aplicación de esos incorrectos postulados del Supremo, perdieran la oportunidad de recuperar el dinero abonado de más por una interpretación incorrecta de las directivas europeas”.

Para esta asociación es “sorprendente” que el Supremo “rara vez haya considerado necesario el planteamiento de cuestión prejudicial pese a que se ha apartado abiertamente de lo manifestado por el TJUE”. La denuncia cita las 12 grandes contradicciones del tribunal español frente a la justicia europea. Recuerda la conocida de 2015 cuando determinó que las cláusulas suelo eran abusivas y nulas, pero solo a partir del 9 de mayo de 2013 para evitar un descalabro del sistema financiero.

Por todos estos motivos, pide que la UE “adopte todas las medidas que resulten necesarias para subsanar las infracciones cometidas por el Supremo” y se sancione a España.

También pide que se “suprima el índice de referencia IRPH dejando el préstamo sin interés conforme admite el sistema legal español y restituyendo las cantidades abonadas de más hasta el momento”. Otra petición es que se restablezca una normativa que ordene, “con carácter retroactivo para los préstamos hipotecarios para recuperar todos los gastos indebidamente abonados”. Y que se obligue al Supremo “a corregir su doctrina adecuándose a la jurisprudencia del TJUE a favor de los consumidores”.