Además, se refiere a la «reinterpretación» que, en cinco sentencias, ha hecho el Tribunal Supremo de la doctrina ya fijada por el TJUE, que en opinión de la magistrada supone «un giro de 180 grados del sentido protector de los consumidores» recogido en la normativa comunitaria.

Según dictó el TJUE el pasado marzo, para que la cláusula sea transparente no sólo tiene que ser comprensible desde el punto de vista «formal y gramatical», sino que debe aclarar al consumidor medio cómo se calcula el tipo de interés y sus consecuencias económicas. En octubre el Supremo recogió tales argumentos y descartó, en cuatro sentencias, que las hipotecas estudiadas por el Pleno fueran abusivas, a pesar de detectar que hubo falta de transparencia en la contratación, cuando el banco no informó de la evolución del índice en los dos años anteriores.