El TC rechaza negar costas al consumidor si se anula una cláusula abusiva
El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto que no cabe negar las costas al consumidor cuando se anula una cláusula abusiva en ejecución hipotecaria. En su sentencia número 30/2026, de 13 de abril, el Tribunal resuelve un procedimiento en el que, pese a declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado y acordar el sobreseimiento del procedimiento, no impusieron las costas a la entidad financiera.
El Tribunal Constitucional reitera que esa decisión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor cuando se apoya solo en la existencia de serias dudas de Derecho. Según la sentencia, ese criterio desconoce el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea y puede disuadir al consumidor de acudir a los tribunales para combatir cláusulas abusivas.
El origen de este caso es un procedimiento de ejecución hipotecaria seguido ante un juzgado de Jaén, el consumidor pidió la nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo que servía de base a la ejecución. El juzgado reconoció su condición de consumidor, declaró nula por abusiva esa cláusula y acordó el sobreseimiento y archivo de la ejecución.
Sin embargo, decidió no hacer expresa imposición de costas al entender que la doctrina jurisprudencial aplicada era posterior a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva. Recurrida esa decisión, la Audiencia Provincial de Jaén confirmó el criterio de instancia.
El Tribunal Constitucional estima el amparo, declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, anula el auto del juzgado de Jaén y el auto de la Audiencia Provincial de Jaén, y ordena retrotraer las actuaciones para que se dicte una nueva resolución sobre las costas respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
La sentencia refuerza la protección del consumidor en los litigios sobre cláusulas abusivas: si el órgano judicial aprecia la nulidad de la cláusula y ello determina el sobreseimiento de la ejecución, la regla sobre costas no puede aplicarse de forma que el consumidor soporte parte del coste de defender sus derechos.
