Hace unos días, se informaba sobre un problema de frenado detectado por varios fabricantes de coches. En concreto, se hacía referencia a una anomalía que afecta a la bomba de vacío y que podría reducir o incluso eliminar la ayuda al frenado, poniendo en riesgo la seguridad de sus ocupantes. La nota citaba distintos modelos de Citroën, Peugeot y Partner con motor 1.2 de gasolina y fabricados entre marzo de 2013 y abril de 2017.
Poco después, se alertaba de una incidencia en el cierre de seguridad para niños de las puertas traseras de los Renault Kadjar HFE fabricados en Palencia entre junio de 2015 y marzo de 2018. Al parecer podría desprenderse, con lo que podrían abrirse desde el interior.
Estas advertencias llegaban a través del sistema de Alertas Rápidas de la Unión Europea (RAPEX). Se trata de un directorio de productos no alimentarios que se encuentran en el mercado y que tras ser analizados por las autoridades competentes en materia de consumo se han detectado defectos que pueden suponer un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores. En estas listas se encuentran productos de todo tipo, desde ropa para bebés y juguetes hasta material para el hogar y de oficina, pasando por los componentes de todo tipo de vehículos.
Profundizando en el aviso sobre el sistema de frenado de las tres marcas francesas, hay que decir que las anomalías detectadas por el sistema RAPEX corresponden a algunos de estos modelos: Citroën Berlingo, C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, DS3 y DS4, Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008 y Partner.
Por norma general, los fabricantes de los vehículos afectados se encargan de ponerse en contacto con los propietarios para sustituir la pieza dañada. La operación debe hacerse de forma gratuita y lo antes posible y recomienda que si el fabricante no se pone en contacto con los propietarios sean estos quienes lo hagan a través del servicio de atención del cliente para conocer si su vehículo está entre los afectados. Esta recomendación está especialmente dirigida a los propietarios de vehículos que han cambiado de domicilio o que los han adquirido de segunda mano, ya que podría darse el caso de que el fabricante no tuviera sus datos.
En España, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social dispone de su propia red de alertas para salvaguardar el derecho a la salud y a la seguridad de los ciudadanos de acuerdo con el artículo 11 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La red está coordinada por la Comisión Europea, y a nivel nacional por el Instituto Nacional de Consumo (INC). Mediante este sistema de comunicación, se produce una interconexión entre las autoridades competentes en materia de consumo tanto de la Comisión Europea como del ámbito nacional, autonómico y local.
Al acceder a la Red de Alertas a través de la página web del Ministerio de Consumo encontramos la relación de productos con defectos de fabricación y la naturaleza del riesgo.
