Bruselas sentó este martes las bases de una nueva era digital al poner sobre la mesa nuevas reglas para delimitar el terreno de juego a los colosos tecnológicos. La Comisión Europea propuso cargar a los gigantes con la responsabilidad de cuanto difunden, obligándoles a eliminar el contenido que sea ilegal y dando acceso a sus datos a los poderes públicos para comprobar que cumplen con la ley. El Ejecutivo comunitario quiere poner punto y final a que esos gigantes impongan su ley al resto, para lo que se valdrá de multas multimillonarias y, en última instancia, incluso la obligación de vender unidades de negocio.
La Comisión Europea lanzó los proyectos de Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y de Mercados Digitales (DMA). Los textos van más allá de ser una mera actualización de la norma de comercio electrónico aprobada en el año 2000. Como prueba, fuentes comunitarias señalan que en las últimas semanas el activismo de los lobbies se ha multiplicado ante la que se erige como una de las normas más estrictas del mundo. Y esas presiones no han hecho más que empezar, puesto que esos reglamentos deben viajar ahora a las capitales y al Parlamento Europeo, donde se prevé una intensa batalla entre los partidarios de endurecer o relajar el control a las grandes tecnológicas. La UE no está sola en esa batalla. El Reino Unido presentó también su ley para poner coto al poder de esas corporaciones.
La DSA impone sobre todo deberes de transparencia después de que las grandes tecnológicas hayan ido arrastrando los pies para cumplir con las peticiones de Bruselas. Las plataformas estarán obligadas a eliminar contenido ilegal –desde la difusión de propaganda terrorista que incite al odio hasta violaciones de los derechos de autor— y a dar acceso a los supervisores a los datos “que sean necesarios para supervisar y evaluar el cumplimiento” del reglamento. En caso de ignorar la ley, podrán ser castigadas con multas que pueden llegar al 6% de su facturación global.
Las reglas impulsadas por la vicepresidenta Margrethe Vestager y el comisario Thierry Breton —que, lejos de esconder, incluso ironizaron sobre sus diferencias— también estipulan que las empresas deben garantizar que el usuario sepa “de forma clara e inequívoca y en tiempo real” si lo que tiene delante es un anuncio, quién hay detrás de él y qué “parámetros” se han usado para que sea el blanco de esa publicidad. Como acertó a decir Vestager, la Comisión quiere entender cómo funcionan los algoritmos de esas compañías.
La responsabilidad de comprobar que las empresas se ajustan a la ley recaerá sobre un coordinador nacional de servicios digitales, que será quien acceda a los datos de la plataforma. Un alto funcionario comunitario destacó que la norma afecta a todas las empresas, si bien las grandes tendrán mayores obligaciones. Entre otras cosas, estarán sometidas a una auditoría anual independiente. En ella, se efectuará una evaluación de riesgos en materia de derechos fundamentales, discriminación, libertad de expresión o manipulación de sus contenidos. A partir de ahí, la compañía deberá adoptar medidas para mitigar esas amenazas, ya sea con códigos de conducta, la moderación de los contenidos o la modificación de los términos y condiciones del servicio.
La DMA, en paralelo, trata de reforzar la batalla de Bruselas contra el dominio de mercado de corporaciones como Facebook, Google, Apple, Amazon o Microsoft. El poder de esos grupos no ha hecho sino acelerarse durante la pandemia, convirtiéndose en auténticos mastodontes mundiales. Por ello, la Comisión ha introducido reglas para los gatekeepers, o actores con control de acceso al mercado, que según Bruselas pueden acabar convirtiéndose en “legisladores privados” en el mundo digital. “Nos proponemos que las empresas que operan en Europa puedan competir libre y justamente de forma online del mismo modo que lo hacen offline. Esto es un solo mundo. Debemos poder hacer nuestras compras de una forma segura y creer las noticias que leemos. Porque lo que es ilegal lo es tanto online como offline”, expuso Vestager.
La propuesta de la Comisión fija que serán consideradas gatekeepers empresas afianzadas —y otras que potencialmente puedan serlo— que cumplan varios requisitos de facturación o usuarios. Y que tengan una capitalización de al menos 65.000 millones de euros, lo cual permite centrar el foco. Además de las cinco empresas citadas, AFP estimó que hay otras cinco que entrarían en esa categoría: Booking, Alibaba, Bytedance, Snapchat y Samsung.
Esas compañías tendrán obligaciones y prohibiciones. La Comisión quiere evitar abusos de mercado que ahora requerían una investigación, en el transcurso de la cual esos gatekeepers podían seguir fulminando a competidores potenciales. Por ello, Bruselas impedirá que esas empresas usen los datos de los clientes en su beneficio; bloqueen a usuarios dependiendo del software que tengan instalado o decidan desinstalar, o restrinjan el acceso a quienes hayan adquirido productos fuera de la plataforma.
La Comisión prevé un régimen de sanciones que va de multas de hasta 10% de la facturación global al desmantelamiento del grupo mediante desinversiones o la separación de unidades de negocio, en caso de incumplimientos sistemáticos.
“No es una propuesta en contra de nadie, sino a favor de los ciudadanos, la democracia, la innovación y la competencia justa”, afirmó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
