Consumo investiga a plataformas de alquiler turístico sin licencia
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre «prácticas comerciales desleales» en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico.
Desde la Dirección General de Consumo, se han identificado actividades de este tipo en diferentes ciudades españolas. La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios indica que estas prácticas serían desleales y supondrían una infracción que puede “generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.
Según la información oficial ofrecida por las autoridades autonómicas y municipales competentes, un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia, razón por la que la cartera de Pablo Bustinduy ha decidido poner en marcha esta investigación.
Las plataformas, como intermediarias, permiten que se aloje determinada información, y es sobre los responsables de esa información, siendo los propietarios o las empresas que llevan a cabo la actividad comercial, sobre los que se centra esta investigación en estos momentos.
Sin embargo, para poder obtener los datos necesarios para corroborar las prácticas desleales, Consumo ha tenido que hacer requerimientos a las principales plataformas que operan en el sector del alquiler turístico, y cuyos nombres no ha querido detallar el director.
Según ha recalcado la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, han tenido constancia oficial de «incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico», que en algunas ciudades podría llegar a más del 90%. Y si esos alojamientos son ilegales, según Medialdea, su publicidad también lo sería y es competencia de Consumo «el perseguirla, inspeccionarla y, en su caso, sancionarla».
Si de esta investigación preliminar se determinase que hay indicios de incumplimientos, se abriría un expediente, que se tendría que tramitar en nueve meses, y podría terminar en una sanción de hasta 100.000 euros. Esta cantidad, no obstante, podría ser superior hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, dependiendo del volumen de infracciones.
La sanción, además de ser monetaria, podría llevar de forma complementaria la prohibición de seguir realizando este tipo de infracciones.
