De acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el “derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa”. 

Este derecho está reconocido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en el artículo 93), y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Tal y como explica Jorge Palacio, socio y consultor de Exprimenet (consultora de marketing digital), se puede borrar aquella información publicada que “sea inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada, excesiva, obsoleta o que no sea de interés público”. 

Esta información puede estar “en motores de búsqueda, como Google, Bing o Yahoo, que pueden indexar y mostrar enlaces a información personal de una persona. También puede aplicarse a sitios web y portales de noticias que contienen información personal que ya no es relevante o que ha sido publicada sin el consentimiento de la persona afectada”, resume el experto.

Palacios aclara que solo hay tres posibles mecanismos legales para el borrado de los datos personales: 

• Supresión de la publicación.
• Anonimación: es decir, cambiar nombre y apellidos por iniciales en la publicación.
• Desindexación: consistente en que el editor de la página web establece los protocolos técnico-informáticos (la etiqueta HTML “noindex”) para que la publicación no sea accesible cuando se realicen consultas por su nombre y apellidos en Internet.

Estos son los pasos que se deben seguir:

• Identificar la información que se desea eliminar. Es importante incluir los enlaces o los sitios web donde aparece ese contenido (puede ser una imagen, un vídeo, un artículo, una publicación en las redes sociales…).
• Identificar al responsable del tratamiento de datos de la empresa o la entidad que ha publicado esa información.
• Redactar una solicitud de eliminación. El escrito debe incluir los suficientes datos para permitir la identificación de la información que se desea eliminar. También ha de estar justificada. 
• Esperar la respuesta del responsable del tratamiento de datos. Debe responder en un plazo razonable, indicando si acepta o rechaza la solicitud.
• Si la solicitud de eliminación es aceptada, el responsable del tratamiento de los datos deberá eliminar la información personal y los enlaces a dicha información en los motores de búsqueda.
• En caso de que la solicitud sea rechazada, es posible que se deba recurrir a medios legales para hacer valer el derecho al olvido digital. “Es importante guardar evidencia de esa solicitud del ejercicio del derecho al olvido y de la eventual respuesta negándose a atender el ejercicio de tal derecho”, recalca Palacios.

Existen ciertos casos en los que no se puede ejercer este derecho o puede complicar su aplicación. El experto de Exprimenet enumera los siguientes supuestos:

• Información de interés público o de relevancia histórica. Puede estar protegida por el derecho a la libertad de expresión y no puede ser eliminada.
• Información veraz y actual.
• Información que tiene que ver con delitos y sentencias penales. Puede estar protegida por el derecho a la información y no es posible eliminarla.
• Situaciones en las que el derecho a la privacidad de terceros se ve afectado. Si la eliminación de la información personal de un individuo afecta negativamente el derecho a la privacidad de otra persona o entidad, es posible que no se pueda ejercer el derecho al olvido digital.

Palacios indica que aproximadamente el 25 % del borrado de contenido acaba en un procedimiento judicial. Habitualmente ocurre porque “el contrario, bien sea un medio de comunicación o un motor de búsqueda, considera que tiene derecho a mantener la información accesible al público en Internet, bien sea por entender que les ampara la libertad de información o expresión, o por ser de interés público”, concreta.

Al igual que los particulares, las empresas y los autónomos tienen derecho a borrar contenido de Internet. De hecho, lo hacen con más frecuencia. Según un estudio realizado por la consultora citada, siete de cada diez solicitudes provienen de compañías y profesionales. 

El principal motivo de estas peticiones es que las empresas (87 %) consideran que “la gestión del riesgo de reputación es más importante que otros riesgos estratégicos a corto plazo”, tal y como apunta Palacios. De hecho, que el 75 % de las instancias se refieran a la eliminación del contenido negativo es una clara muestra de esta inquietud.

El estudio muestra que las noticias publicadas en la Web son donde más información desfavorable encuentran las compañías (45 %), seguidas de las reseñas (17 %), contenido sexual (12 %), vídeos (10 %) y redes sociales (5 %). El contenido negativo que más preocupa a las empresas es el motivado por acciones negativas que han realizado (70 %), las fake news (20 %) y los errores en las publicaciones (10 %).