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El Gobierno amplía las competencias del Defensor del Cliente Financiero

El Gobierno amplía las competencias del Defensor del Cliente Financiero

Tras recibir más de un centenar de alegaciones a su anteproyecto de ley del pasado abril, el Gobierno ha introducido modificaciones en su plan para crear la largamente esperada Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con la que aspira a revolucionar el esquema español de resolución de reclamaciones de consumidores ante bancos, firmas de inversión y aseguradoras, entre otras entidades. Pero lejos de suavizar la iniciativa en la línea reclamada por las entidades afectadas, el Ejecutivo ha optado por ampliar el alcance y las competencias del nuevo organismo.

La nueva autoridad va a resolver las reclamaciones que hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El Ministerio de Economía ha fijado que sus decisiones sean vinculantes para las entidades (no para los clientes) cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros. Supone un cambio de calado, ya que los dictámenes de los tres supervisores sectoriales no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados por las entidades en porcentajes elevados. Economía también ha determinado que el sector financie el organismo con una tasa 250 euros por reclamación, mientras que para los clientes sea gratuito.

El departamento dirigido por Nadia Calviño ha decidido dejar estos tres elementos centrales de su plan sin cambios respecto a lo previsto en el anteproyecto de abril tras recibir las alegaciones de asociaciones empresariales, organizaciones de consumidores y oenegés, entre otros interesados. Precisamente, las patronales AEB (bancos tradicionales) y CECA (antiguas cajas de ahorro) le habían comunicado que consideraban “inconstitucional” el proyecto y le habían reclamado que, de mantenerlo, bajara el umbral que hace vinculante los dictámenes a 5.000 euros. También le habían instado a fijar una tasa más baja y a que la pagasen tanto las entidades como los clientes reclamantes.

Ayuda a los hipotecados

Economía ha hecho oídos sordos. Muy por el contrario, ha endurecido su proyecto en favor de los clientes. Una de las novedades más relevantes es que se ha reforzado el papel de los códigos de buenas prácticas de autorregulación del sector financiero, que se van a asimilar a las normas de conducta. Ello implica que a las entidades que se hayan adscrito voluntariamente a los mismos se les podrá exigir el cumplimiento de los compromisos que hayan adquirido y que los clientes podrán reclamarlo.

El código más importante es el hipotecario, suscrito por 87 entidades de crédito. El documento incluye compromisos para ayudar a clientes que tengan problemas para pagar la hipoteca, con medidas como la reestructuración de la deuda, quitas y daciones en pago. Precisamente, la vicepresidenta Calviño se ha referido varias veces al mismo en las últimas semanas cuando ha sido cuestionada por los problemas que van a sufrir muchas familias para pagar las cuotas por la vertiginosa alza del euríbor. Economía y la banca, de hecho, estudian si es necesario tomar medidas adicionales.

 

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