El precio regulado de la luz subirá en enero casi un 5 % con la nueva tarifa
Caen las últimas hojas en el calendario de este 2023, y en menos de un mes entrará en vigor una de las últimas reformas regulatorias del mercado eléctrico, que afectará a unos 8,5 millones de consumidores. En términos puramente gallegos, le moverá los marcos a la tarifa regulada de la luz —oficialmente bautizada como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)—, una modificación aprobada por el Gobierno el pasado junio, que empezará a aplicarse el próximo 1 de enero. Reducir la volatilidad de los precios, que tuvo su máxima expresión entre los años 2021 y 2022 por la escalada de la factura del gas y la guerra de Ucrania, es el principal objetivo de una reforma que se aproxima con el gran interrogante de cuánto impactará en los recibos de los consumidores.
A partir de la primera jornada del 2024, se modificará el sistema de cálculo de la tarifa, hasta ahora ligada al mercado mayorista diario de electricidad, con variaciones de precio cada hora. De acuerdo con la reforma pactada entre el Gobierno central y la Unión Europea, se introducirán referencias de los mercados a futuro, con previsiones de costes mensuales, trimestrales y anuales. Con estas proyecciones se evitarán escaladas desbocadas de precios producidas por crisis energéticas, como la derivada de la invasión de Ucrania.
Esos nuevos parámetros de cálculo tendrán distinto peso —el mensual supondrá un 10 % del total, el trimestral, un 36 %, y el anual, un 54 %— y serán aplicados progresivamente entre los años 2024 y 2026. De este modo, según explicó el Ejecutivo central cuando se aprobó la reforma, para el primer año, el peso de la señal a plazo supondrá un 25 %, e irá incrementando «la representatividad un 15 % hasta alcanzar un 55 % en el año 2026, dejando el 45 % restante para la señal diaria e intradiaria».
Con estas modificaciones, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) pasará a ser una tarifa híbrida, ya que se mantendrán los cálculos variables —ligados al mercado diario— y se añadirán los fijos a futuro.
Algo más de 8,5 millones de consumidores de todo el país están acogidos a esta tarifa regulada, cuya reforma les impactará de distinto modo, aunque la principal pregunta que flota en el ambiente es si padecerán un encarecimiento de los recibos. Jorge Morales de Labra, experto energético y director de la comercializadora Próxima Energía, lo tiene claro: «Ya conocemos esa cesta de productos a largo plazo que se van a utilizar para calcular la tarifa oficial, y sabemos que va a ser más cara que la que sería la estrictamente variable», afirma al respecto. Como la reforma fue aprobada a mediados del pasado junio, ya se pueden extraer los primeros parámetros temporales para efectuar los cálculos y, según las primeras previsiones efectuadas por Morales de Labra, la estructura regulada del recibo —al que hay que añadir además otros costes, como los de producción de la electricidad y peajes y cargos de comercialización— subirá en enero en torno a un 5 %, aunque solo dos meses después, en marzo, los incrementos pueden llegar al 9,5 %.
Primeras simulaciones
El Ministerio para la Transición Ecológica no espera grandes oscilaciones en los precios, aunque cuando dio a conocer la reforma evaluó la posible huella económica, con una comparativa —en el período comprendido entre enero del 2018 y junio del 2022— de la aplicación del cálculo con la cesta de productos a futuro. «En relación con el impacto en precios, durante el período analizado, se reduciría en 2,5 euros megavatio la hora de media». Sin embargo, admite que la rebaja no fue uniforme. «Este diferencial es positivo en algunos años y negativo en otros», añadió.
Para el director de Próxima Energía, no existe duda alguna de que la factura eléctrica subirá para los clientes adscritos a esta modalidad, aunque admite que sirve para «retardar sobre el consumidor el impacto de posible crisis energéticas».
No obstante, insiste en que los productos a futuro, usados como una especie de seguro a largo plazo, implican desventajas para el bolsillo. «La tranquilidad en el sector eléctrico cuesta, y cuesta mucho, porque la prima es muy alta. El PVPC lleva funcionando diez años y en este tiempo solo ha habido una crisis. Por eso, los precios fijos no suelen valer la pena», afirma al respecto.
Excluidas las grandes empresas
Otra de las consecuencias que traerá consigo la reforma es que solo podrán hacer uso de este tipo de tarifa los consumidores domésticos y las pymes. Las empresas de mayor tamaño tendrán que buscar otras opciones en el mercado, lo que implicará un adelgazamiento en el número de clientes de esta modalidad. El resto de consumidores que quieran mantener esta tarifa —en la que se engloba también el bono social— no tendrán que hacer nada.
Por otro lado, continuarán el tope de consumo —los clientes tendrán que contratar menos de 10 kilovatios de potencia— y también las discriminaciones horarias del precio, con las que se pretende desplazar los consumos hacia las franjas más baratas, posibilitando comportamientos más eficientes.
Posibles fugas hacia otras ofertas más competitivas del mercado libre
El PVPC fue creado en el año 2014 y desde entonces ha estado configurado como una de las propuestas de suministro de energía eléctrica más competitivas del mercado. Jorge Morales de Labra sostiene al respecto que, el pasado noviembre se ofertó a 12 céntimos el kilovatio a la hora, frente a los 16 «de la mejor oferta de la tarifas fijas». Por ello, augura que, una vez que entre en vigor la reforma, el próximo 1 de enero, se producirá una fuga de clientes hacia el mercado libre. «Claramente», apostilla. En este ámbito, afirma que «hay tarifas a precio fijo, que no merecen la pena, y también variables». De confirmarse esta tendencia, no sería la primera vez en la que el PVPC registrase una pérdida considerable de consumidores. Cuando los precios del gas cabalgaban desbocados, en el 2022, también hubo fuga de clientes, aunque la bajada del gas y la aplicación del mecanismo de la excepción ibérica frenó nuevamente esa desbandada.