En la cuenta atrás para eliminar los aires acondicionados de las fachadas

El año 2026 se ha fijado como el límite definitivo para las moratorias concedidas por numerosos ayuntamientos, lo que se puede traducir en numerosas inspecciones a partir del próximo año para comprobar si se cumple con la normativa. Esta normativa busca erradicar el impacto estético negativo y mejorar la eficiencia energética en los edificios de todo el territorio nacional.

Las consecuencias de no cumplir con esta normativa es la posibilidad de ser sancionados con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos calificados como muy graves. Según los datos técnicos analizados para esta regulación, el procedimiento sancionador será ágil: los expedientes podrán abrirse de oficio mediante una simple inspección visual desde la vía pública. El infractor, además de la sanción económica, deberá asumir los costes de retirada del dispositivo y la restitución de la legalidad en el paramento exterior.

No se trata exclusivamente de una cuestión de ornato público; la seguridad y la convivencia ciudadana son ejes vertebradores de la norma. El régimen sancionador prioriza la detección de unidades con anclajes deficientes que supongan un riesgo de desprendimiento, así como el control de la contaminación acústica.