La CNMC estima que el fondo para sacar las renovables de la factura de la luz abaratará el recibo en 86 euros al año
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en 86 euros al año el ahorro en la factura eléctrica de los hogares estimado a partir de 2025, una vez esté plenamente operativo, del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSE) que el Gobierno ha planteado crear para sacar progresivamente el coste de las primas a las renovables del recibo de la luz y cargarlo al conjunto del sector energético.
En un informe publicado este miércoles, el organismo valora positivamente este instrumento planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica en un anteproyecto de ley presentado en diciembre. Entiende que «el fondo es necesario para mantener el equilibrio del sistema eléctrico y evitar mayores subidas en el recibo de la electricidad» y «proporciona señales adecuadas en precios para la descarbonización», aunque cree que «la solución óptima» a medio plazo tendría que pasar por una reforma global de la fiscalidad.
Así, para el consumidor doméstico eléctrico, y según el informe, en 2025 la factura eléctrica de los conectados en baja tensión se reducirá entre el 9% y el 10,8% (entre 11 euros/MWh y 17 euros/MWh).
En el caso del gas, se producirá el efecto contrario. Al trasladar los comercializadores sus aportaciones al fondo a la factura de un consumidor doméstico, esta se encarecería en 67 euros al año: desde los 869 euros/año de 2019 (la séptima más cara de la UE) hasta 936 euros en 2025, «lo que situaría al precio del gas natural para el consumidor doméstico en España como el cuarto más caro de la Unión Europea en 2025, sin tener en cuenta efectos dinámicos».
El organismo pide que las comercializadoras que suministran la tarifa semirregulada de electricidad (el denominado PVPC, el más barato para el consumidor) y la de gas (conocida como TUR) puedan repercutir el coste del fondo. De lo contrario, se convertiría la comercialización de último recurso «en una actividad claramente deficitaria», en contra de lo previsto en la normativa europea.
En lo que se refiere a la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos, se reducirá entre el 2% y el 5% a (entre 1 euro/MWh y 7 euros/MWh) dependiendo del nivel de tensión al que estén conectados, con reducciones menores cuanto mayor sea la tensión de conexión.
Por el contrario, la factura eléctrica del resto de consumidores no electrointensivos conectados en alta tensión (peajes 6.2 TD, 6.3 TD y 6.4 TD) aumentará entre el 5% y un 7% (entre 3 euros/MWh y 5 euros/MWh). De esta manera, para el consumidor industrial, tanto en el caso de los precios de la electricidad como del gas, la CNMC considera que el mecanismo de compensaciones que se establezca deberá resolver «los posibles impactos en los precios para no afectar a la competitividad de la industria».
Para el consumidor de productos petrolíferos, el organismo señala que en 2025 podrían estar soportando un gasto en hidrocarburos líquidos superior al actual de entre 4 céntimos y 6 céntimos por litro. Estas cifras suponen que para un vehículo que consuma 6 litros cada 100 kilómetros y recorra 20.000 kilómetros en el año, su gasto anual en carburante se verá incrementado en 2025 entre 52 euros y 75 euros al año.
Pese a que el organismo considera que el anteproyecto «da señales más adecuadas de precios que las del modelo vigente», que carga el esfuerzo de financiar las primas a las renovables más antiguas exclusivamente sobre los consumidores de luz, aboga por una reforma «global» de la fiscalidad energética y medioambiental que «debería tener en cuenta todos los consumos energéticos», no solamente el eléctrico, y aplicar el principio de «quien contamina, paga», de forma que diera «señales adecuadas para la descarbonización de la economía a todos los consumos energéticos».
El anteproyecto plantea que el FNSSE asuma gradualmente (en cinco años, hasta 2025) los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, conocido como RECORE, y que financiarán todos los operadores del sector en función de sus ventas, con un triple objetivo: «Evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema» para movilizar las inversiones necesarias en los próximos años para impulsar la transición energética.
La propuesta tiene el rechazo frontal de la industria, que por boca del director general de la patronal siderúrgica (Unesid), Andrés Barceló, lo calificó este miércoles de «otro clamo más en el ataúd» del sector porque supone «una figura parafiscal que no disminuye ni un euro los costes energéticos, simplemente los reparte», informa Europa Press.
La mayor petrolera española, Repsol, también ha mostrado su rechazo frontal al fondo, que en su opinión «genera serias dudas» legales ya que «plantea problemas de constitucionalidad y de derecho comunitario». Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, arremetió contra el anteproyecto en diciembre porque permitiría «pagar a los fondos, en algunos casos especulativos», y «las fiestas pasadas del sector eléctrico».
En diciembre, un informe de Bank of America aseguraba que el impacto del fondo para Repsol será «muy limitado», ya que aunque su contribución en el periodo 2021-2025 sería de unos 3.000 millones de euros en total, debería poder trasladarla al cliente final.
