La CNMC exige cambios al Gobierno para mejorar el mercado eléctrico
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha pedido al Gobierno que introduzca más transparencia en los contratos de precios dinámicos, así como un mecanismo que permita comprobar que sus facturaciones son correctas y las ofertas -con sobrecostes de 50 a 350 euros anuales- veraces.
Así se recoge en el último Informe del mercado minorista de la electricidad, publicado por el Regulador la semana pasada, en el que también incluye recomendaciones para los consumidores -que contrasten las ofertas antes de contratar una- y para las empresas comercializadoras, como atajar las malas prácticas en la utilización de los canales telefónicos para captar clientes.
El documento incluye por primera vez un análisis de las nuevas ofertas de precios dinámicos o indexadas al precio del mercado mayorista de la electricidad -también conocido como pool-, que ya permiten los contadores inteligentes.
Este tipo de acuerdos de suministro son bienvenidos por los Reguladores europeos porque arrojan señales sobre el precio de la energía en diferentes horas que facilitan el cambio de hábitos y el consumo eficiente de energía. De hecho, la tarifa regulada española, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se considera modélico porque sigue este esquema y ha propiciado el surgimiento de las ofertas dinámicas del mercado libre.
Pues bien, el Regulador lanzó una petición de información a 118 comercializadores con ofertas dinámicas para clientes en baja tensión, encontrando una gran heterogeneidad y varias deficiencias importantes.
En general, el consumidor no puede comprobar por sí mismo la correcta facturación de su consumo por parte de la compañía eléctrica; es más, ni siquiera pueden muchas de las propias comercializadoras, porque carecen de herramientas para ello.
Además, aunque la empresa pueda facilitar a su cliente una relación con los precios horarios de cada uno de los componentes que configuran el precio que abona, sólo podría comprobar los regulados y publicados en el BOE o el precio registrado en el pool; todos los demás varían considerablemente, dependiendo de la comercializadora.
Por ejemplo, a la hora de repercutir los servicios de ajuste del sistema -los mecanismos de seguridad para evitar apagones- unos aplican los precios que les aplica REE, otros los del conjunto del sistema y otros los derivados de sus propios desajustes entre la energía comprada en el pool y la comercializada.
Y resulta que ni siquiera hay unanimidad a la hora de aplicar partidas reguladas, como la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) o la financiación del bono social: no todas las empresas los repercuten y las que lo hacen no coinciden en la forma de hacerlo: unas los cargan sobre el precio final facturado y otras los variabilizan sobre el término de energía.
«En resumen, en este tipo de ofertas, en las que el consumidor asume todo el riesgo de las variaciones de precios, existe cierta falta de transparencia por parte de algunas comercializadoras. El consumidor doméstico puede resultar atraído por una oferta ‘a precio de coste’, pero dependiendo de los conceptos, de cómo los traslade la comercializadora, y del margen comercial que incluya, puede resultar un precio más elevado que el de una oferta a precio fijo, con un precio asegurado», sentencia el documento.
El Informe pone cifras a la disparidad de precios de las ofertas dinámicas: desde menos de cinco euros por MWh hasta más de 35 euros por MWh, que, para un hogar medio, con un consumo de 9,9 MWh anuales según la OCU -15,5 MWh en viviendas unifamiliares y 7,5 MWh en pisos y bloques de viviendas-, se traduce en pagos inferiores a 50 euros y superiores a los 350 euros cada año.
La CNMC, que quiere incorporar las ofertas dinámicas a su Comparador, propone al Gobierno que establezca una estructura común y unos criterios homogéneos para este tipo de productos. Concretamente, plantea un indicador calculado a partir de los peajes de acceso, el precio del pool -con los ajustes que correspondan-, las aportaciones al FNEE y al bono social, el impuesto municipal y, finalmente, los costes de operación, comercialización y margen comercial que la empresa quiera aplicar.
