Más personas con hipoteca podrán congelar la cuota en 2024: estos son los requisitos
El gobierno ha comunicado que extenderá y ampliará las medidas adoptadas previamente para asistir a los ciudadanos en el pago de las hipotecas para el año 2024, con la finalidad de contrarrestar las dificultades ocasionadas por el incremento de los tipos de interés. Estas acciones, dirigidas a prevenir el impago en la población vulnerable, fueron consideradas insuficientes al momento de su implementación a finales de 2022. La realidad confirmó esta perspectiva, pues hasta septiembre de 2023, se recibieron solo unas 55.000 solicitudes, resolviéndose aproximadamente el 40% de ellas con rechazo, en su mayoría por no cumplir con los estrictos requisitos.
Atendiendo a esta situación, el Ejecutivo ha resuelto en primer lugar que se incremente el umbral de ingresos máximo permitido para ser elegible para aplicar al Código de Buenas Prácticas. El límite se eleva de 29.400 euros anuales a 37.800 euros (4,5 veces el IPREM), de esta forma, la medida llegará a un mayor número de familias consideradas “en riesgo de vulnerabilidad”, las cuales podrán acceder a protocolos de ayuda como la congelación del tipo de interés y, por tanto, de la cuota por un lapso de 12 meses, y la posibilidad de extender el plazo de amortización hasta siete años.
En segundo lugar, durante 2024, se mantendrá suspendida la exigencia de comisiones por amortización anticipada, total o parcial, de hipotecas a tipo variable. Por último, se elimina, para el próximo año, la comisión en procesos de subrogación que impliquen el cambio de una hipoteca con interés variable a una con interés fijo o a una hipoteca a tipo mixto, favoreciendo así la adaptabilidad de los consumidores a las fluctuaciones del mercado.
La realidad para aquellos consumidores que no se beneficien de estas medidas es que deberán enfrentar negociaciones individuales con las entidades financieras, con el riesgo que conlleva la posibilidad de prácticas abusivas ante la vulnerabilidad del cliente. Estos abusos pueden traducirse en la imposición de gastos adicionales, nuevas comisiones o garantías injustificadas, así como la obligación de contratar otros productos financieros.
