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Piden reforzar la protección legal de los consumidores con discapacidad

Piden reforzar la protección legal de los consumidores con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha planteado a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados que refuerce la protección legal de los consumidores con discapacidad.

Estas propuestas de enmiendas planteadas por el movimiento CERMI y CERMI Mujeres al Proyecto de Ley de Protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica están orientadas a mejorar determinados aspectos de esta Ley. Además, también buscan otorgar una protección reforzada a las personas con discapacidad en el ámbito del consumo.

No obstante, el CERMI acoge de manera favorable esta legislación. Eso se debe a que supone la regulación legal por primera vez en España de la categoría de persona consumidora vulnerable. Esto permitirá dotar de mayor protección y garantía de sus derechos a esta tipología de usuarios.

En este contexto, el CERMI propone incorporar al preámbulo del texto legal el mandato internacional directo del tratado de derechos humanos que supone la Convención de Naciones Unidas.

Asimismo, plantea incidir en el mayor riesgo de exclusión motivado por la suma de los factores de interseccionalidad asociados a la discapacidad. Es el caso de los supuestos de personas mayores y especialmente de mujeres mayores y mujeres con discapacidad. En estos casos se agrava la situación de vulnerabilidad, aumentando el riesgo de exclusión.

El CERMI también indica que se especifique a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y de trata como grupo en el que se agrava exponencialmente el riesgo de exclusión social por la violencia de género. De esta manera se frustra sus posibilidades de inserción en el mundo laboral o sus expectativas de independencia económica. Todo ello como consecuencia del control que ejerce el agresor sobre las víctimas mujeres.

También propone que se amplíen las situaciones que motivan la consideración de consumidoras vulnerables de las personas con discapacidad y, especialmente las mujeres con discapacidad. Por una parte, hace referencia a las dificultades en el acceso a la información; la necesidad de una protección más intensa contra exclusiones, discriminaciones y abusos o el sobrecoste económico de la discapacidad, entre otras causas. Y, por otro, señala que a la brecha digital hay que agregar los sesgos de género y discapacidad en el análisis de datos masivos. Estos afectan claramente al diseño de políticas de impacto social como las políticas de consumo.

En relación a los derechos básicos de los consumidores y usuarios, el CERMI insiste en la importancia capital de preservar la accesibilidad de la información sobre los diferentes bienes o servicios; entre ello se incluye el etiquetado en braille; al tiempo que considera que hay que especificar que cualquier persona consumidora debe poder manifestar su consentimiento con garantías.

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil de la discapacidad deben poder acompañar a las personas con discapacidad en la representación de sus intereses si así lo solicita.

En cuanto a la información del producto del consumo, el CERMI pide incluir información sobre posibles alergias si se trata de productos alimentarios, o información sobre atención al cliente y procedimiento de reclamación. En este sentido, considera que son cuestiones “importantes” que la persona debe conocer para tomar una decisión informada.

Otra de las propuestas del CERMI es incluir el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social como referencia para completar la protección de las personas con discapacidad.

Por último, también considera que las políticas públicas en materia de consumo siempre deben velar en primera instancia por la no discriminación de las personas consumidoras vulnerables. Una petición que es un derecho para las personas con discapacidad.

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