Las directrices de la EBA establecían en un principio un límite a los plazos de solicitud hasta el 30 de junio de 2020 que, posteriormente, se amplió hasta el 30 de septiembre. No obstante, la evolución de la pandemia motivó a la autoridad bancaria a abordar una nueva modificación, que finaliza mañana.
Aunque podría volver a considerar una extensión del plazo, las entidades financieras no consideran que en España exista una situación tan delicada como para requerir de una nueva ampliación, ya que incluso el número total de moratorias solicitadas desde un principio asciende a apenas un 10% del volumen total de préstamos.
La EBA es la encargada a nivel europeo de dar la orden, porque las moratorias suponen un aplazamiento de pago y, por ende, una reestructuración de los préstamos. Así, este tipo de procedimientos requiere de flexibilidad regulatoria dado que los bancos deben realizar un cambio en sus provisiones y en la normativa contable.
Esta última actualización de la normativa permitía que las personas beneficiarias de cualquier moratoria, tanto legales como acogidas a un acuerdo sectorial, disfrutaran de las mismas por una duración máxima acumulada de nueve meses.
La moratoria de créditos hipotecarios la podía solicitar quien estuviera pagando cuotas hipotecarias por la adquisición de su vivienda habitual, local en el que desarrollara su negocio o vivienda destinada al alquiler en la que haya dejado de percibir cuotas de su inquilino debido al estado de alarma.
De su lado, la moratoria de créditos al consumo permitía la suspensión temporal de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos al consumo, créditos asociados a tarjetas de pago, leasing, factoring o cualquier tipo de contrato de financiación con cuotas o liquidaciones periódicas al que estuviera haciendo frente cualquier consumidor o autónomo que se encontrase en situación de vulnerabilidad.
1,4 millones de moratorias
Según los últimos datos disponibles del Banco de España correspondientes al cierre de febrero, las entidades financieras habían concedido 1,4 millones de moratorias hipotecarias y no hipotecarias a los afectados por la crisis del coronavirus, con un saldo vivo pendiente de amortización de 55.252 millones de euros.
La información incluye tanto las moratorias hipotecarias y las de préstamos sin garantía hipotecaria que aprobó el Gobierno en su plan de medidas para mitigar el impacto del Covid-19, como los acuerdos de moratorias sectoriales de crédito alcanzados entre los bancos y sus clientes a través de las patronales financieras como medida complementaria a las moratorias legislativas del Ejecutivo.
