Así es la normativa Euro 7 que ha retrasado Bruselas: cuándo se aplicará, cómo afectará a los precios y qué objetivos tiene

La Unión Europea busca colocarse a la vanguardia del proceso de descarbonización, y se ha propuesto el desafío de conseguir reducir al 100% las emisiones de CO2 emitidas por turismos y furgonetas en 2035. Sin embargo, la controvertida normativa Euro 7 ha abierto un debate qué implica a sindicatos, consumidores y, sobre todo, a los fabricantes de vehículos.

¿Qué es la ley Euro 7?

La normativa Euro 7 busca sustituir la anterior normativa Euro 6, aprobada en el año 2014. Se trata de un reglamento destinado a los fabricantes de vehículos en Europa, que establece condiciones más estrictas con respecto a las emisiones de gases contaminantes. Mientras que las anteriores normativas se centraban en las emisiones emitidas por los tubos de escape, esta normativa tiene también en cuenta las sustancias contaminantes que pueden emitir las partículas de los frenos o los neumáticos.

Las nuevas condiciones ambientales obligarán a los fabricantes a perfeccionar los motores y otros sistemas de los vehículos que fabriquen, aunque no afectará a los vehículos que ya estén en circulación y que no cumplan con los requisitos.

Se trata del reglamento europeo con mayor alcance en esta materia, pues busca la disminución del óxido de nitrógeno, de los hidrocarburos, las partículas finas, los compuestos orgánicos volátiles y el óxido de nitrógeno. La ambición de la norma, tras su anuncio, despertó reparos entre los fabricantes de vehículos, que valoran como inasumibles las inversiones necesarias para implementar las innovaciones necesarias en los vehículos nuevos.

Encarecimiento de los vehículos

Luca de Meo, CEO de Renault y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), estimó que la aplicación de la norma supondría un incremento de 1.000 euros por coche fabricado: un aumento que, estima el empresario, se duplicaría en el precio de venta final.

Por lo tanto, estima el lobby, a los nuevos usuarios les costaría unos 2.000 euros más adquirir un nuevo vehículo. Los coches eléctricos e híbridos se verían menos afectados – al depender poco o nada de la combustión-, mientras que los coches de gama más baja se verían más afectados por este hipotético aumento de los precios.

La adaptación de los motores de este tipo de turismos a los nuevos estándares encarecería tanto su producción que podría poner en peligro su producción en cadena. Sucedería algo similar con el sistema de marchas automático, que, si ya está en retroceso, podría ver su fin en favor del sistema automático, ligeramente más eficiente en términos de emisiones.

Los miembros de ACEA sostienen, en definitiva, que la implantación de la norma en el plazo estimado supondría una inversión de gran magnitud que ofrecería resultados pequeños en materia ambiental, y que los recursos de los fabricantes deberían invertirse en ahondar en la electrificación total de los vehículos.

Un inconveniente en la electrificación de los vehículos

Por otro lado, se debe tener en cuenta el problema que supone la fabricación de baterías en Europa, que no posee los minerales suficientes – como litio o cobalto- para satisfacer la demanda de una flota de vehículos eléctrica a nivel europeo.

China se lleva el mayor trozo del pastel en el mercado de las baterías eléctricas, pues produce el 70% de las baterías comercializadas a nivel mundial.

En nuestro país, tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores solicitaron a la administración de Volkswagen que mantuviese la fabricación de modelos en la fábrica de Martorell, el pasado mes de marzo, ante el riesgo de que estos modelos de vehículos más asequibles vieran limitada su producción, afectando a la actividad de la fábrica.

¿Cuándo va a entrar en vigor esta norma?

El 27 de octubre de 2022, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para ahondar en las políticas de reducción de emisiones. La Comisión presentó la normativa Euro 7 el pasado mes de noviembre, con la idea de comenzara aplicarla en 2025 – para la fabricación de turismos y furgonetas- y en 2027 para la manufactura del resto de vehículos.

Sin embargo, varios países miembros expresaron su rechazo a la aplicación de la norma, al considerar que podría afectar a su tejido industrial: en mayo, 8 países – Italia, Francia, Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania y Eslovaquia– pidieron una revisión de la norma.

Finalmente, el Consejo – presidido actualmente por España- ha alcanzado un acuerdo unánime entre los diferentes Consejeros de Industria, para pedir una demora en la aplicación de la normativa. Ahora, debe arrancar un proceso de negociación con el Parlamento Europeo que, de cumplirse, supondrá que la ley – que podría presentar cambios- se comenzará a aplicar en 2027 para los coches y en 2029 para los vehículos.

Reacciones a la decisión del Consejo

Héctor Gómez Hernández, ministro en funciones de Industria, ha valorado la decisión del Consejo: «Nuestra posición consiste en mantenernos en la senda de liderar la movilidad del futuro y adoptar unos niveles de emisiones realistas para los vehículos de la próxima década, ayudando al mismo tiempo a nuestra industria a dar el salto definitivo hacia los vehículos limpios en 2035«.

Con esta decisión, el consejo busca alcanzar «un equilibrio entre requisitos estrictos en materia de emisiones de los vehículos e inversiones adicionales para la industria, en un momento en el que los fabricantes europeo de automóviles están experimentando una transformación hacia la producción de vehículos de emisión cero«.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) de España ha valorado la decisión, afirmando que se trata de una «aproximación mucho más sensata a la problemática«. «Confiamos en que ahora el Parlamento Europeo pueda encontrar una aproximación proporcional y que, posteriormente, las tres instituciones logren un reglamento Euro 7 que proporcione certidumbre al sector y permita alcanzar la descarbonización y mantener la competitividad del sector, con vehículos asequibles», ha declarado la asociación.

Arturo Pérez de Lucía, Presidente la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, afirma que esta decisión da «un respiro a la industria», pues desde AEDIVE consideran que «los fabricantes están haciendo ya enormes esfuerzos para transformar sus procesos de producción hacia la electrificación» y que «es en ese ámbito donde se deben de enfocar las políticas«.

Comisiones Obreras también ha mostrado su satisfacción con respecto a la decisión. En un comunicado ha afirmado que la entrada en vigor de la ley tal y como se planteaba «habría supuesto el cierre temporal de parte de las fábricas españolas«. El sindicato ha solicitado al Gobierno y a los ministerios de Industria, de Transición Energética y de Trabajo que, en este tiempo adicional, se estudie el impacto que estas políticas ambientales podría tener en el sector del automóvil en nuestro país.

«Un desastre para la calidad del aire»

Sin embargo, no todas las voces se han manifestado a favor de esta decisión. La plataforma de plataformas Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente ha solicitado ya al Parlamento que mantenga las exigencias actuales del Euro 7.

Anna Krajinska, administradora de la plataforma, ha declarado que la posición del consejo es «un desastre de la calidad del aire», pues considera que «antepone los beneficios récord de los fabricantes de automóviles a la salud de las personas».