El Gobierno limitará los alquileres temporales para evitar la escalada de precios de la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció el pasado miércoles que su departamento trabaja «con urgencia» en un decreto para limitar la duración máxima de los alquileres temporales en función del motivo al que respondan, que deberá acreditarse en el momento de firmar el contrato de arrendamiento. De esta manera, el Gobierno pretende atajar el uso fraudulento de esta fórmula como vivienda habitual, al mismo tiempo que avanza en la puesta en marcha de una plataforma estatal que recoja datos sobre este tipo de alquileres de corta duración, así como pisos turísticos y alquiler de habitaciones.

«La causalidad determinará la temporalidad y será necesario poder acreditar esa causalidad a la hora de firmar el contrato», ha apuntado la ministra tras reunirse con el grupo de trabajo dedicado a esta materia, recordando que los alquileres temporales -regulados actualmente en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)- sirven para aquellos casos en los que el inquilino busca un lugar donde vivir por un tiempo limitado fuera de su domicilio habitual.

Los motivos para recurrir a este tipo de arrendamientos pueden ser, por ejemplo, el desplazamiento de una ciudad a otra por motivos de trabajo, estudios o para recibir un tratamiento médico. A falta de que se concreten los detalles, la ministra ha puesto como ejemplo la posibilidad de que si se trata de una vivienda para pasar el curso académico el contrato de alquiler temporal pueda tener máximo una duración de nueve meses, aunque por ejemplo podría superar el año en caso de tratarse de un investigador desplazado para desarrollar su trabajo.

«Se trata de garantizar y proteger el alquiler de temporada para lo que se prevé, para unas causas temporales», ha remarcado Rodríguez, añadiendo que «es necesario establecer todos los mecanismos para no poder burlar la LAU y salvaguardar los alquileres de temporada». Debido a la falta de regulación -el alquiler temporal quedó fuera de la ley de vivienda-, el uso de este tipo de arrendamientos se ha desvirtuado en los últimos tiempos utilizándose como vivienda habitual de forma fraudulenta, según han denunciado desde el sector inmobiliario, los sindicatos e incluso el propio Banco de España.