El Gobierno no descarta suspender temporalmente impuestos de la factura de la luz, como el de generación, para abaratar el coste del recibo, que se ha disparado con el repunte de las temperaturas y por un mercado mayorista que marca máximos.

Así lo ha planteado hoy la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. La principal medida podría ir encaminada a dejar en suspenso el impuesto de generación eléctrica, del 7% e impuesto en el 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy. Es algo que ya se hizo en el 2018 cuando Ribera se estrenó en la cartera. En ese momento también se desactivó el céntimo verde para los combustibles destinados a generación eléctrica.

Aunque no se ha referido a ningún impuesto en concreto, Ribera dijo que «no es descartable que ante una situación tensa, como esta, haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento». Se volvería a suspender «alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional» para «facilitar a los consumidores hacer frente» a una factura que se ha encarecido no por un «incremento real de los costes», sino por un incremento «de los costes de los combustibles fósiles de los que nos tenemos que ir deshaciendo».

La suspensión de esos impuestos, que se daría temporalmente, reduciría los costes de las eléctricas, que se debería trasladar en el precio que paga el consumidor. Cuando se hizo en el 2018, desde el Ministerio se planteó que la decisión rebajaría la factura entre el 2,5% y 4% para el cliente doméstico, si bien la estructura de costes era diferente.

Uno de los grandes reclamos de las asociaciones de consumidores es rebajar el IVA de la factura del 21% al 10%, es algo que no está en los planes actuales. 

En todo caso, Ribera plantea estos cambios junto a una «reforma seria de la fiscalidad energética» en la que el Gobierno ya trabaja, buscando reducir el peso de los combustibles fósiles en la generación, acelerando la transición a energías verdes y corrigiendo los llamados beneficios caídos del cielo, con lo que se podría rebajar cerca del 5% la factura de los hogares. 

«Es obvio que el Gobierno tiene que ser sensible y preocuparse por los consumidores», añadió, afirmando que no es «razonable» que la transición la paguen «los consumidores más débiles».

En estas jornadas los precios mayoristas, que marcan el precio del consumo para los clientes de la antigua tarifa PVPC y que ya tienen la nueva factura de electricidad, están disparados. Se rozan cifras cercanas a máximos anuales -94,63 euros por MWh por los casi 95 récord del temporal Filomena– por el coste de los derechos de emisión de CO2, la poca aportación renovable y nuclear y una mayor demanda por la ola de calor.