La CNCM sanciona a varios operadores por el uso indebido de los 902

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha sancionado a cinco operadores (Vodafone España, Orange Espagne, BT España -en la actualidad “Evolutio Cloud Enabler”-, Xtra Telecom y Alai Operador de Telecomunicaciones) por ofrecer a las empresas la contratación de líneas 902 a cambio de un beneficio económico. Ello es debido a que la normativa prohíbe expresamente la retribución a las compañías que contratan este “número inteligente” en el que el consumidor paga la totalidad de la llamada, lo que supone una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones.

Las infracciones cometidas por los operadores ocurrieron entre diciembre de 2016 y mayo de 2019 (dependiendo del operador), por incumplir las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos incluidos en los planes de numeración. No obstante, y salvo Vodafone, el resto de sancionados ya ha reconocido la responsabilidad y abonado la sanción.

Protección a los usuarios

Las empresas contratan las líneas 902 para centralizar los servicios que ofrecen a sus clientes bajo el paraguas de un mismo número. Se trata de un “número inteligente” que les permite conocer desde qué lugar geográfico procede la llamada, la hora de emisión y si esta información les permite mejorar sus servicios de atención al cliente.

El precio de estas llamadas resulta más elevado para los consumidores que las llamadas a números geográficos, pues las líneas 902 no están incluidas en las tarifas planas, mayoritarias en la contratación de servicios de telefonía. Esto permite al operador fijar el precio que considera oportuno, similar al de una llamada interprovincial si se llama desde un fijo, y más elevado si se hace desde un móvil.

Aunque la normativa no prevé qué servicios se deben prestar a través de esta numeración, sí que prohíbe expresamente la retribución al abonado (o empresa) que contrata la numeración 902. En consecuencia, la compañía a la que el usuario llama para recibir una información no puede recibir dinero o servicios por la llamada, lo que se traduce en el pago del coste íntegro de la llamada del usuario a su compañía telefónica.

Por este motivo, las asociaciones de consumidores llevan años librando una batalla contra el uso del 902 en los servicios de atención al cliente. Consideran que deben ser gratuitos para los ciudadanos y reclaman un cambio en la regulación.