La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado al Gobierno que modifique la normativa del Bono social, de modo que las empresas puedan comprobar si los solicitantes tienen derecho a percibirlo cuando la Plataforma digital habilitada por el Gobierno para comprobar sus niveles de renta falla o no tiene datos actualizados, como viene sucediendo desde que se implantó.
El Bono social es un descuento del 25% al 40% en la factura de la electricidad -también incluye ayuda para la calefacción- destinado principalmente a consumidores con pocos ingresos; por ejemplo, tienen derecho las familias con dos menores y renta inferior a 18.799 euros al año. Lo reciben 1,3 millones de hogares y más de 42.000 se han incorporado con la crisis sanitaria.
Para comprobar el nivel de ingresos de los solicitantes, las empresas habilitadas para aplicar el Bono, las comercializadoras de referencia -subsidiarias reguladas de EDP, CHC, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol- deben consultar una Plataforma habilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) con datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat).
Sin embargo, la Plataforma falla o no tiene datos actualizados, como ha comprobado la CNMC, en respuesta a varios requerimientos del Defensor del Pueblo para que investigara la negativa de las compañías a conceder el Bono.
El Defensor, desde 2019, ha remitido varios oficios al Regulador para que estudie la aplicación de sanciones a las empresas que han denegado el Bono, argumentando «imposibilidad de comprobar el nivel de renta», algo que puede suponer una infracción de la Ley del sector eléctrico.
La entidad presidida por Cani Fernández solicitó información a las comercializadoras de referencia y éstas le explicaron que la Plataforma del Miteco, en muchos casos, indica «imposibilidad de cálculo» del nivel de renta del solicitante, algo que se mantiene hasta el cierre del ejercicio fiscal y la consecuente actualización de la base de datos de la Aeat.
Una de las compañías incluso pidió información a la Cartera dirigida por Teresa Ribera para saber si podía realizar ella misma el cálculo del derecho a percibir el Bono a partir de la documentación aportada por el cliente, tal y como se hacía antes de que estuviera habilitada la Plataforma.
Y el Miteco respondió negativamente, porque la normativa que regula el Bono establece que el cálculo se realizará a través de la aplicación telemática, sin dejar más opciones. La empresa, lógicamente, cesó en su empeño de comprobar si los afectados tenían derecho a percibir la ayuda.
La CNMC, en consecuencia, ha propuesto al Miteco que cambie la norma para que los consumidores pueden acreditar su condición de vulnerabilidad cuando la Plataforma esté desactualizada o carezca del dato, como se vino haciendo antes de estuviera operativa.
Por la coyuntura de la pandemia, el Gobierno ha establecido que hasta junio de 2021, ante la imposibilidad de comprobar los niveles de renta de los afectados, bastará con una declaración responsable para obtener el bono. Si se solicita sin cumplir los requisitos, habrá que devolver la ayuda y cubrir los gastos ocasionados, entre otras responsabilidades.
El Gobierno barajaba volver a implantar una moratoria a los cortes de suministros básicos que aplicó durante la fase dura de la pandemia en el próximo decreto contra los desahucios, pero finalmente no se incluirá en la norma.
