Así puedes borrar tu rastro de internet
En algunas ocasiones internet puede albergar datos personales que podrían llegar a perjudicar la imagen de los ciudadanos. Sin embargo, existen determinados casos en los que estos afectados tienen la posibilidad de reclamar que se borre su huella, ya sea en buscadores, redes sociales o incluso medios de comunicación, gracias al conocido como ‘derecho al olvido’.
El derecho al olvido es un derecho que permite a las personas físicas solicitar a los buscadores que retiren los resultados de búsqueda que contienen datos personales suyos y les afectan.
Técnicamente, en principio es el derecho frente a los buscadores (Google, Bing, Yahoo…), pero ya se utiliza como sinónimo de borrar datos de internet, como pueden ser nombre y apellidos, DNI, fotos, vídeos, etc. De esta manera, cuando se busque por sus datos personales, ya no aparezcan.
Esta problemática afecta actualmente a muchísimos usuarios. Cada año a más. Todo empezó en 2014 con Mario Costeja, un abogado español que fue el primero en ganar una resolución en el Tribunal de Justicia de la UE, que obligaba a Google a retirar sus datos. Desde que se hizo pública la sentencia, ha empezado a crecer y no ha parado.
Además, en los dos o tres últimos años, el aumento es mucho más notable” y señala que “cientos de afectados recurren cada mes a nosotros para eliminar sus datos de internet.
El proceso que se sigue cuando alguien desea eliminar su rastro de internet comienza con el estudio del caso. El cliente expone su situación y facilita los enlaces donde aparece la información que quiere eliminar. Lo siguiente es determinar la viabilidad y comprobar si se cumplen una serie de requisitos.
En caso de que sea viable, se preparan las reclamaciones y se envían a la web, red social, medio de comunicación, etc. que tiene los citados datos. Normalmente se suele llevar por la vía extrajudicial pero, cuando no se retira la información o no se recibe respuesta, hay que recurrir a la judicial, aunque son minoría.
Todo ello, suele llevar un tiempo medio de entre 15 y 30 días, aunque puede variar dependiendo de algunos factores, como si es necesario acudir a los tribunales.
