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El sistema eléctrico cierra año con 200 millones de déficit y 14.000 de deuda

El sistema eléctrico cierra año con 200 millones de déficit y 14.000 de deuda

Las cuentas están hechas. En 2020, el primer año de pandemia, el sistema eléctrico registró un desfase entre ingresos y gastos de 200 millones euros. La deuda eléctrica acumulada desde 1997 se situó, por su parte, en 14.271 millones, con un descenso de 2.400 millones respecto a la registrada un año antes, según los datos que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y de la Comptencia (CNMC) y que aún no son oficiales. Los números indican que la caída de ingresos para el sistema no ha sido proporcional al descenso de la demanda (5,6%), que se situó en 249.716 gigavatios hora (GWh). La clave: los pequeños consumidores.

El roto en las cuentas del sistema ha sido limitado, entre otras razones, porque en 2020 se cobraron los mismos peajes -parte fija del recibo- que en 2019 al haber sido  prorrogados; porque se pagaron menos ayudas a las renovables y porque entró en vigor un nuevo periodo regulatorio con retribuciones a la baja. El puntal para sostener las cuentas ha estado en el consumo de los clientes domésticos, que han compensado más que de sobra el descenso de las aportaciones por peajes de los grandes consumidores industriales, cuya demanda se desplomó en los peores meses de la pandemia.

El sistema eléctrico sigue a flote pese a la Covid 19, la caída de la demanda y  la menor recaudación -en torno a 300 millones- en el impuesto de generación del 7% que el Gobierno reactivó en 2019 tras haberlo mantenido en suspenso entre octubre de 2018 y abril del año siguiente. La Ley Eléctrica del año 2013 prohíbe mantener desajustes entre ingresos y gastos . Si los hay, los reguladores deben ajustar -subir- los peajes para enjugarlos, lo que afecta al bolsillo de los consumidores.

En octubre pasado, curándose en salud, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó una orden para poder destinar “la cuantía necesaria” del superávit del sistema eléctrico para cubrir los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costes de los ejercicios 2019 y 2020.  Así pues, no habrá ningún roto en las cuentas que revisa la CNMC en 14 liquidaciones anuales  y que no se cierran oficial y completamente hasta finales del año siguiente.

El fantasma del déficit tarifario está detrás del proyecto para sacar del recibo de la luz en los próximos cuatro años los 7.000 millones en cargos que se destinan a las renovables, la cogeneración y el reciclaje. El anteproyecto que concreta la idea, con la creación del polémico Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), alude a la existencia de “un escenario de incipiente riesgo de nuevo déficit de tarifa eléctrica”. En la propuesta normativa, el Ministerio de Transición cita un “escenario central” de posible déficit en 2020 de 1.500 millones, cifra muy alejada de lo que finalmente ha sucedido. La explicación, según fuentes al tanto de las liquidaciones de la CNMC: los cálculos ministeriales se basan en la evolución del déficit de meses atrás. 

El control del déficit es esencial para evitar escenarios desastrosos para el conjunto de los consumidores. El sistema arrastra todavía una deuda acumulada de 14.271 millones que genera importantes intereses y que, a un ritmo de amortización de 2.000 millones anuales, no se acabará de pagar hasta el año 2028. Legalmente, el periodo de actividad del Fondo que se creó en 2011 para colocar la deuda embalsada y cedida por las eléctricas, se extiende desde la fecha de desembolso de la primera emisión , que tuvo lugar el 25 de enero de 2011, hasta la fecha de vencimiento legal. En total, 23 años, hasta 2034. 

El ritmo de colocación de la deuda entre inversores institucionales apuntaba al cierre en 2026, aunque en la CNMC se manejaba tiempo atrás la posibilidad de nuevas emisiones hasta 2028. El problema con los desajustes comenzó en 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como responsable de Economía, aprobó por ley que la tarifa eléctrica nunca subiera más que el índice de precios (IPC). Se congelaba el precio de la electricidad, pero a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en el futuro. Todo acabó en un pantano de deuda.

En 2012 el déficit de tarifa llegó a superar los 30.000 millones de euros, y eso fue lo que llevó al Gobierno, entonces en manos de Mariano Rajoy, a crear el impuesto a la generación eléctrica para atajarlo y a impulsar una nueva ley que acabara con esta situación. Los 14.000 millones de deuda todavía pesan mucho sobre el sistema. El pantano se seca poco a poco, pero condiciona la toma de decisiones en el sector y el manejo de la factura eléctrica vía peajes y cargos. Es, todavía, una pesadilla.

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