El debate jurídico sobre la legalidad del Índice de Préstamos Hipotecarios (IRPH) volverá a obligar a posicionarse a la Justicia europea. Un juez de Barcelona ha exigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclare su interpretación sobre la aplicación de esta cláusula, que ha despertado fuertes críticas entre las asociaciones de consumidores.
El magistrado Francisco González de Audicana ha vuelto a comunicarse con las instancias judiciales superiores para formularles hasta seis preguntas sobre la viabilidad de esta norma que han quedado sin aclarar. Un requerimiento con el que pretende poner fin a las discrepancias que han mostrado en las últimas semanas los distintos tribunales nacionales.
“¿El no proporcionar el dato objetivo de la evolución del índice durante los dos últimos años constituye de por sí, que sea una cláusula abusiva y que ha actuado en contra de las exigencias de la buena fe, por no facilitar la comparativa con el resto de índices?”, se pregunta Audicana.
El juez de Barcelona quiere conocer también por qué el Boletín Oficial del Estado salva todas las “exigencias de transparencia” en cuanto al cálculo matemático del IRPH y su obligación de “informar al consumidor.”
La comunicación del magistrado ha reabierto un debate que ya se elevó en 2018 a los órganos de justicia europeos. El TJUE se pronunció entonces exigiendo a los bancos que aclaren a sus clientes cómo se calcula este tipo de interés y sus consecuencias económicas. Sin embargo, no declaro nulo el índice y pasó el balón de nuevo a los tribunales españoles.
Con el beneplácito europeo, el Tribunal Supremo emitió una nueva sentencia el pasado 13 de noviembre que desató de nuevo la polémica. El juez reconoció que el índice matemático no es fácilmente comprensible por los ciudadanos debido a su complejidad, pero rechazó que se haya producido un abuso de los bancos sobre sus clientes.
La decisión del Tribunal Supremo sentó muy mal entre las principales asociaciones de usuarios financieros que no comprenden que el IRPH siga en vigor a pesar de su escasa transparencia. El movimiento ha llevado al bufete de abogados Arriaga a presentar una denuncia oficial contra los jueces españoles ante la Comisión Europea.
Los defensores argumentan que el Tribunal Supremo ha vulnerado las normativas europeas de protección del consumidor y que no ha aplicado correctamente la doctrina de resoluciones del TJUE. Precisamente, las diferencias que han motivado la comunicación del juez de Barcelona, Francisco González de Audicana.
