Mientras tanto, cerca del 50% de la población desconoce que el Parlamento Europeo quiere votar próximamente en contra de un etiquetado justo de los productos vegetales, según constata el estudio ‘Nomenclatura de los alimentos de origen vegetal’, llevado a cabo por ProVeg, Upfield, Heura y Oatly, entre más de 3.000 españoles.

“Existe evidencia de que los consumidores no están confundidos con el etiquetado actual de los productos vegetales. Sin embargo, la UE quiere utilizar esta falsa confusión para llevar a cabo una prohibición que limita la revolución que está viviendo el mercado de la proteína vegetal. Más de 100.000 personas se han mostrado en contra de esta prohibición porque va en contra de las necesidades de los consumidores y pone trabas a la necesaria transformación de nuestro sistema alimentario”, advierte Cristina Rodrigo, directora de ProVeg España.

Ocho de cada diez personas sabe diferenciar entre productos cárnicos y lácteos y sus alternativas vegetales como la leche vegetal, el queso vegano o la hamburguesa vegetal, según el estudio ‘Nomenclatura de los alimentos de origen vegetal’. Lejos de la confusión que se les presupone en las enmiendas, entre el 70% y el 80% de los españoles distingue entre las diferentes alternativas del mercado y sabe decir si el origen es vegetal o animal. «Con estos datos se demuestra de forma contundente que los ciudadanos españoles abogan por que las alternativas vegetales se puedan etiquetar en igualdad de condiciones que los productos cárnicos y lácteos. Los consumidores reclaman que se puedan tomar decisiones de compra conscientes e informadas”, asegura Jordi Fábregas, director general de Upfield en España.

En Europa, las alternativas vegetales a la carne llevan en el mercado al menos un siglo y mucho más tiempo en otras partes del mundo. “Durante muchos años se han comercializado como salchichas vegetarianas y hamburguesas vegetarianas, y esto nunca ha sido un problema”, afirma Rodrigo. Mientras, el 93 % de los ciudadanos valoran muy positivamente el acceso a nuevas alternativas vegetales en los supermercados. «La lengua es uno de los principales modificadores culturales y como tal debe estar al servicio de la sociedad y su evolución, y no al servicio del status quo. Los españoles tienen claro que quieren libertad y opciones. Poner palos a la rueda jamás será la solución”, opina por su parte Bernat Añaños, co-fundador de Heura.

“Así como todo el mundo sabe que no hay mantequilla en la mantequilla de cacahuete, ni leche animal en la leche de soja, los consumidores saben exactamente lo que obtienen cuando compran hamburguesas o salchichas vegetarianas”, añade la directora de ProVeg España.

Costes para la industria

La European Alliance for Plant Based Foods (Alianza Europea para Alimentos a Base de Plantas), entre cuyos miembros se incluyen ProVeg, Oatly, Beyond Meat, Heura, GFI, Upfield y Nestlé, se creó recientemente para ayudar a construir un sistema alimentario sostenible en el que los alimentos de origen vegetal ejerzan un papel de liderazgo, particularmente en las políticas de la UE. El primer objetivo de esta institución es animar a los eurodiputados a adoptar una visión de sentido común con respecto a las dos enmiendas citadas.

Entre sus argumentos, la European Alliance for Plant Based Foods defiende que ambas enmiendas son contrarias a la dirección política progresista de la UE en relación a la promoción de dietas basadas en plantas, como se establece en el Pacto Verde Europeo y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’.

“Prohibir el uso de estos términos resultaría costoso para toda la industria alimentaria, con consecuencias sustanciales para los fabricantes, minoristas y establecimientos de servicios de alimentos. Las propuestas también podrían restringir innecesariamente los cambios ambientales positivos creados por el mercado de productos basados en plantas, uno de los sectores más innovadores y de más rápido crecimiento en la industria alimentaria actual”, concluye Rodrigo.

Según destaca ProVeg, entre los posibles impactos de la prohibición propuesta se encontraría:

  1. La necesidad de reetiquetar productos existentes bajo el nuevo marco legal. Esto generaría incertidumbre e incurriría en juicios potencialmente costosos para las marcas que se considerara que han interpretado la legislación incorrectamente.
  2. Las actividades de investigación de mercado deberían llevarse a cabo para cada uno de los mercados europeos, ya que es poco probable que se pueda utilizar un marco de denominación alternativo único para todos en los diferentes Estados miembros de la UE.
  3. Se requeriría un cambio de marca para garantizar que los productos puedan atraer y retener a los consumidores que están familiarizados con el etiquetado, la marca y la terminología anteriores.
  4. Se necesitarían nuevas campañas para garantizar que los consumidores comprendan la funcionalidad homogénea de productos a los que ya no se les permitirá utilizar sus nombres y descripciones actuales.