El 70% de los europeos prefiere reparar un producto a tener que comprar uno nuevo, según un reciente estudio de la Unión Europea (UE). Desgraciadamente, esto entra en conflicto con el modelo consumista que lleva impulsando la economía mundial en los últimos 30 años: durante la Guerra Fría, una de las apuestas más firmes de la URSS era por la durabilidad de sus productos; una bombilla podía durar decenas de miles de horas encendida -en EEUU la industria acordó establecer una obsolescencia programada de en torno a las 1.000 horas-, mientras que la duración mínima de una nevera en la Alemania del Este era de 25 años. Sin embargo, todo podría estar a punto de cambiar, después de la reciente aprobación del «derecho a reparar» por parte de la UE.
El pasado noviembre, el Parlamento Europeo aprobaba su plan para limitar los productos electrónicos de un solo uso, al tiempo que se obliga a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos. En este sentido, el texto refrendado por la cámara exige que en los países miembros «se desarrolle e introduzca un etiquetado obligatorio para proporcionar información clara, inmediatamente visible y fácil de entender a los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación de un producto en el momento de la compra».
Hablamos principalmente de dispositivos electrónicos, pero lo cierto es que se trata de una medida que afectará a todas las áreas de consumo: desde fabricantes de teléfonos móviles, que actualmente suelen contar con un servicio de atención técnica (SAT) para estos casos, hasta la empresa que se dedica a la producción de lavadoras. En ambos casos, se preservará la garantía mínima de dos años que establece la UE, pero el nuevo texto introduce la obligatoriedad de informar al consumidor sobre la posibilidad de reparar ese producto más allá del período de garantía. Es decir, que teóricamente cada empresa que quiera puntuar alto en los nuevos índices de reparabilidad de cada país se verá prácticamente obligada a crear un SAT, o a subrogarlo.
Además, se introduce una garantía adicional para las piezas de segunda mano que podría suponer una auténtica revolución dentro de la UE y dar paso a una economía más circular: en vez de tener que sustituir esa bombilla con obsolescencia programada o esa nevera averiada a los tres años, se pretende impulsar un mercado de piezas reutilizables para evitar tener que comprar un nuevo producto. Por mucho que el vendedor te diga la clásica frase de: «Por lo que te va a costar repararlo, casi te sale mejor comprarte uno nuevo». La gran duda es cómo afectará esta transformación a los precios finales al consumidor. ¿Se encarecerán los productos nuevos? ¿Durarán más tiempo?
A modo casi experimental, el primer país que aplicará estos cambios a partir de enero de 2021 será Francia, donde los fabricantes deberán «informar al consumidor sobre la posibilidad de reparar un producto». En esencia, esto significa que los productos tendrán que incluir una etiqueta con una puntuación del 1 al 10 sobre su grado de reparabilidad, similar a la que ya se establece para aspectos como en consumo energético. Al principio, solo se aplicará a lavadoras, portátiles, smartphones, televisores y cortadoras de césped.
Sin embargo, este índice de reparabilidad pretende establecerse de cara a 2024 no solo como una etiqueta meramente informativa, sino también como un método para medir la durabilidad y resistencia de los productos en Francia, en línea con las pretensiones de la UE. Además, la nueva normativa obligará a establecer un sistema de carga común en todo el continente, para evitar los desechos electrónicos: la idea es que, en el futuro, un ‘smartphone’ de Apple y otro de Huawei o Samsung compartan el mismo puerto de carga entre sí, por ejemplo.
